El atentado contra los tres carabineros presiona al gobierno de Boric y reinstala el debate de un “nuevo orden” de seguridad

SANTIAGO, Chile.- Hoy en Chile se habla de reglas del uso de la fuerza, de atribuciones policiales y hasta de pena de muerte. Son las consecuencias del asesinato de tres carabineros ocurrido hace una semana en el sur del país.

Se trata de un triple homicidio que aún no arroja luces sobre sus autores, y que aceleró el debate en torno a la seguridad, el gran tema que monopoliza la agenda y que tiene el gobierno de Gabriel Boric sofocado por la coyuntura.

Luego de un maratónico y tenso debate en la sala de la Cámara de Diputados, el viernes se despacharon al Senado dos normas relevantes: el proyecto de ley que concibe un nuevo Ministerio de Seguridad Pública y el que crea las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

El proyecto de RUF, precisamente, fue aprobado de manera unánime. Sin embargo, el debate se concentró en la admisibilidad de la norma que buscaba establecer que los uniformados imputados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, fueran juzgados por tribunales militares.

La disposición, propuesta por la derecha, se rechazó por 72 votos a favor, 71 en contra y una abstención por inadmisibilidad.

“Ser juez y parte en una institución, en caso que esté involucrado un funcionario de esta institución, no es el ideal democrático que tenemos que construir, sería un retroceso y por lo tanto, es bueno que la Cámara lo haya rechazado por inadmisible”, señaló este sábado la vocera de gobierno, Camila Vallejo, mientras el diputado del opositor Partido Republicano, Luis Sánchez, fustigó a La Moneda.

“Dicen defender a los carabineros, pero son los primeros en defender un sistema judicial que los está encarcelando sin mayores pruebas, persiguiéndolos como si fueran delincuentes (…) La Justicia no está funcionando para los militares. Son innumerables los casos de persecución en contra de nuestros uniformados y es por lo mismo que ya la confianza en los jueces está perdida”, señaló.

Otro de los puntos polémicos fue el principio de proporcionalidad, que fue rechazado, y que hacía referencia a que el nivel de fuerza empleada por la policía o las fuerzas armadas debía determinarse según el grado de resistencia o agresión. El gobierno (con minoría en ambas Cámaras) anunció que intentará reponer esa norma, que “es un principio que debe estar en cualquier ordenamiento jurídico” y que “es parte de los estándares que se deberían resguardar”.

A ello se sumó la aprobación de una indicación renovada que establece la “prohibición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” por parte del personal de las Fuerzas Armadas y la policía, lo que significó una suerte de triunfo para el oficialismo.

Si bien el último informe del Ministerio del Interior señala que hubo una baja en la cantidad de homicidios entre 2022 y 2023, la misma semana la Encuesta Bicentenario 2023 (UC) destacó la preocupación de la población respecto a la inseguridad y la percepción de violencia. De hecho, un 73% aseguró que se le debe dar máxima importancia porque “amenaza con destruir el orden institucional”.

Asuntos pendientes

“Desde el año 2022 que el gobierno ha tomado decisiones en el tema de seguridad. Se incrementó el presupuesto de modo histórico; se establecieron medidas para el control de la frontera; se han aprobado poco más de 50 leyes que crean nuevos delitos y agravan penas. Además se han establecido planes para colocar más policías en las calles. Sin embargo, hay cosas pendientes en el Congreso, como la creación de un Ministerio de Seguridad y la reforma a la ley de inteligencia, entre otros aspectos críticos”, dijo a LA NACION Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.

“Es plausible que se le entreguen más poderes a la policía y se incluya a las Fuerzas Armadas en roles de seguridad pública interna de modo más explícito. Esto último porque existe un clima de opinión pública favorable y porque además la derecha y algunos grupos de centro podrían lograr la mayoría para aprobarla en el Congreso”, añadió.

“¿Consecuencias sociales? Las políticas de aumento de poderes a las policías eventualmente podrían generar alguna reacción. Pero como sucede en todos los casos conocidos, la reacción social se da no cuando se aprueba una nueva ley sino cuando se comenten abusos específicos”, finalizó.

Este contexto, precisamente, es el que tiene al gobierno de Boric situado en un laberinto. “Lo que más evidencia esta coyuntura y este hecho lamentable del asesinato de los tres carabineros, es que la agenda original del gobierno, que era muy centrada en cuestiones de derechos, de género, o de una reforma a las policías, se va a ver truncada por la agenda más de emergencia vinculada a estos casos”, señaló Gonzalo Álvarez, profesor asociado del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá.

“Entonces, en ese sentido, más que una reforma en particular o un cambio en el orden policial, se plasmarán una serie de políticas que intentarán dar una sensación de mayor seguridad. Y en las encuestas, la gente desde distintos sectores políticos, sociales, está por una agenda mayoritariamente a favor de mayor seguridad y políticas más duras en este aspecto”, añadió el también cientista político y Doctor en Estudios de América Latina.

En medio de la conmoción del país, surgieron propuestas más polémicas como la de reponer la pena de muerte, que fue mencionada por el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz.

“Espero que el gobierno envíe un proyecto de ley al Parlamento y que sea acogido por los parlamentarios para, por ejemplo, reponer la pena de muerte para quienes asesinen a los policías o que la Defensoría Penal Pública jamás defienda a personas que asesinan a policías”, dijo Díaz, exmilitante del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

La idea también la recogió el diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, quien anunció a través de su cuenta de X que se encuentra trabajando “en un proyecto de ley para restablecer la pena de muerte para quien asesine a un carabinero, policía o a un miembro de las FF.AA.”.

La iniciativa fue incluso abordada por el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. “Cuando digo combatirla (la delincuencia) con el máximo rigor creo que hay discusiones que están pendientes y que nadie quiere instalar, por ejemplo, la discusión en torno a la pena de muerte”, aseguró el dirigente oficialista, lo que le ganó críticas desde la propia izquierda.

La moción, en todo caso, ya fue desestimada por el fiscal nacional Ángel Valencia, quien manifestó que no era posible ya que fue derogada en 2001. “Jurídicamente es inviable, porque en Chile ya se abolió, no podríamos reponerla en el ámbito civil. Reponerla no tiene sustento jurídico”, señaló.

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